Grabiela Rosa
NUEVA YORK, 3 de octubre.- La ex asambleísta del Alto Manhattan Gabriela Rosa fue sentenciada este viernes a un año y un día de presión, por fraude matrimonial para obtener ilegalmente la ciudadanía estadounidense.
En un acto de solidaridad a la corte se presentaron miembros de la comunidad del Alto Manhattan y oficiales electos, entre ellos el senador estatal Adriano Espaillat, el asambleísta Luis Sepúlveda, el concejal Ydanis Rodríguez y el ex jefe de Rosa, el asambleísta Herman Farrell.
Cuando salió de la sala del tribunal apoyó la cabeza en el hombro de Farrell y lloró.
De 47 años y origen dominicano, fue electa en 2012 para representar en la Asamblea Estatal a las comunidades de Washington Heights e Inwood, se declaró culpable en junio pasado y renunció a su cargo.
Enfrentaba una pena de 12 a 18 meses de prisión bajo las regulaciones federales y fue sentenciada por la juez Denise Cote, de la Corte Federal del Distrito Sur de Manhattan.
Según la Fiscalía, la mujer cometió fraude matrimonial y usó los mismos documentos para aplicar por la ciudadanía estadounidense en 2005, por lo que el caso cayó en la categoría de corrupción pública.
Se trata de la primera mujer dominicana en ocupar un escaño en la Asamblea Estatal de Nueva York, nació en Santiago de los Caballeros y llegó a Nueva York en 1994, cuando apenas era una adolescente.
Admitió haber pagado 8,000 dólares en 1996 a un ciudadano estadounidense para que se casara con ella y de esa manera legalizar su estadía en el país. Tres años después, se divorció y solicitó la ciudadanía.
Mientras estuvo casada con el estadounidense mantuvo una relación con el que luego sería su segundo marido.
Los crímenes que se le imputan la incapacitan para continuar en el servicio público.
El fiscal federal Preet Bharara dijo en un comunicado que Rosa pudo presentarse al cargo de asambleísta sólo como resultado de un fraude de inmigración y luego agravó su falta de aptitud para servir defraudando a un tribunal federal de bancarrotas.
En septiembre de 2009, Rosa acudió a la corte para liquidar más de $30,000 dólares de deudas que acumulaba en cargos de tarjetas de crédito y préstamos personales.
Pero no declaró un apartamento que tenía en Manhattan ni los ingresos extra que obtenía como consultora política ni las ganancias de su marido.
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